Resumen ejecutivo 2019
El sector minero energético se constituye en un pilar fundamental de la economía del país y la producción de oro; aunque este no es el principal recurso mineral explotado, tiene un papel importante para el crecimiento del sector. La producción de oro pasó de 35,6 t en el 2018 a 36,7 t en el 2019, ligado a los precios del oro que se han ubicado como el más alto en los últimos siete años, con valores superiores a los USD $1.730 la onza. Como reporta el Gobierno nacional, este sector puede ser clave para la reactivación económica sostenible del país, y una oportunidad para la reactivación del empleo y los ingresos como regalías.
Con la expansión de la actividad extractiva lícita y formalizada las buenas condiciones del mercado del oro vienen impulsando la explotación no formalizada, constituyéndose en uno de los problemas más complejos, con repercusiones importantes sobre los sectores económico, social y ambiental. El auge de las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) ha sido permeado por el crimen organizado, que ha visto la posibilidad de consolidar sus estructuras y facilitar el desarrollo de otras actividades ilícitas como el tráfico de armas, la trata de personas y la extorsión. La explotación ilícita de minerales utiliza el lavado de activos para dar apariencia de legalidad a un dinero que se obtiene trasgrediendo las normas mineras.
De acuerdo con los estudios realizados sobre EVOA, el territorio con detección entre el 2014 y el 2019 es de 145.484 ha. La explotación ilícita se realiza con el uso de sustancias tóxicas, y se caracteriza por el uso indiscriminado de maquinaria pesada en tierra y en agua como dragas, retroexcavadoras, motobombas y motores. Esto ha transformado de manera importante los ecosistemas, cambios que en muchos casos son irreversibles, como la alteración de cauces fluviales o la contaminación de los cuerpos de agua.
Concentración de EVOA en tierra en 3 departamentos y 10 municipios
Los resultados del estudio 2019 muestran que 12 de los 32 departamentos presentan EVOA en tierra, con un total de 98.028 ha, 6 % más de lo detectado en el 2018; cerca de la mitad se encuentra en Zonas excluibles de la minería, territorios en los que por su función de protección y conservación del patrimonio ambiental no está permitida la explotación.
La EVOA en tierra está altamente concentrada en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Bolívar, con el 88 % del total nacional. También prevalece la concentración en el ámbito municipal: 96 municipios reportan detección (de 1.122 que hay en el país), de los cuales 10 concentran el 54 % del total (Zaragoza, Nechí, Cáceres, Nóvita, El Bagre, El Cantón de San Pablo, Ayapel, Istmina, Río Quito y Montecristo), ubicados en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Bolívar.
Los departamentos con presencia de alertas por EVOA en agua son Amazonas, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare y Cauca. Los afluentes identificados con esta condición son los ríos Apaporis, Caquetá, Cotuhé, Inírida, Negro y Atabapo.
El 52 % de EVOA en tierra se encuentra en las Zonas excluibles de minería o protegidas ambientalmente
Las Zonas excluibles de la minería corresponden a territorios de protección y desarrollo de recursos naturales renovables y ambientales, donde la ley determina que no se podrán ejecutar obras de exploración y explotación minera. No obstante, para el 2019 se detectaron 50.801 ha de EVOA en tierra, que corresponden al 52 % del total identifcado para el periodo.
La categoría con mayor detección corresponde a Zonas de Reserva Forestal (determinadas por la Ley 2 de 1959), en cuyos territorios se identificaron 47.445 ha (48 % del total de EVOA en tierra). La Reserva Forestal del Pacífico, considerada como una de las más grandes reservas de biodiversidad del mundo presenta las cifras más altas, pues una tercera parte de la EVOA en tierra nacional se encuentra en esta zona.
La presencia de EVOA en los Parques Nacionales Naturales (PNN) genera alertas por los efectos ambientales que impactan ecosistemas de protección. Se detectó EVOA en la Reserva Nacional Natural Puinawai y en el PNN Farallones de Cali; se encuentran en riesgo cuatro PNN: Paramillo, Munchique, Serranía de los Churumbelos y Acandí Playón, por presentar EVOA en tierra a menos de 10 km de ellos. También se identifcaron alertas por presencia de EVOA en agua en cinco PNN: Serranía de Chiribiquete, Yaigojé Apaporis, Cahuinarí, Amacayacu y Puinawai.
El 48 % de EVOA en tierra se encuentra en Zonas libres de restricciones ambientales
Las zonas libres corresponden a territorios donde no existen restricciones ambientales para la actividad minera y se pueden solicitar permisos de exploración y explotación. Para el 2019 se detectaron 47.226 ha, que corresponden al 48 % del total nacional. El 43 % corresponde directamente a Zonas libres y el 5 % incluye Zonas de minería restringida.
El 64 % de EVOA en zonas libres corresponde a Explotación ilícita y el 36 % coincide con territorios que cuentan con permisos; no obstante, es necesario monitorear y hacer seguimiento para saber si están cumpliendo con los compromisos técnicos y ambientales establecidos en los títulos o Contratos de Concesión. Antioquia concentra la mayor cantidad de EVOA en zonas libres (64 %), seguido de Chocó (18 %) y Córdoba (9 %).
En la relación EVOA-figuras de ley el 66 % corresponde a explotaciones ilícitas y más de la mitad se localiza en Zonas excluibles de la minería o zonas protegidas
Al analizar la relación EVOA-figuras de ley, se tiene que 64.727 ha corresponden a Explotación ilícita (66 %); 26.615 ha cuentan con los permisos técnicos y ambientales para la explotación (27 %) y 6.686 ha se encuentran en tránsito a la legalidad (7 %). Es importante anotar que el 57 % de EVOA bajo la categoría de Explotación ilícita se localiza en Zonas excluibles de la minería o zonas protegidas.
Se detectaron 45.985 ha de EVOA en territorios de manejo especial, que incluyen grupos étnicos y áreas del Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP). El 85 % se encuentra en Tierras de Comunidades Negras; el 1 % en resguardos indígenas y el 14 % en Distritos Regionales de Manejo Integrado. Está altamente concentrado en Chocó (85 %), seguido de Nariño y Cauca. De los 19 resguardos indígenas con presencia de EVOA, los territorios de los pueblos embera-katío y embera concentran el 65% de la detección.
La explotación de minerales es una de las principales causas directas de deforestación en Colombia. En este sentido, se tiene que el 68 % de la pérdida de coberturas vegetales de valor ambiental se presenta en áreas de explotación ilícita
La explotación de oro de aluvión con uso de maquinaria en tierra es una actividad que involucra la remoción de grandes extensiones de tierra; por tanto, uno de los principales impactos ambientales que genera es la pérdida de coberturas vegetales con consecuencias que pueden ser irreversibles en los ecosistemas. En el periodo 2018-2019 Colombia perdió 6.669 ha de coberturas de alto valor ambiental, a causa de la aparición de nueva EVOA con uso de maquinaria en tierra. La pérdida de coberturas de alto valor ambiental, categorizada en nivel alto, se concentra en Chocó, Antioquia, Bolívar, Nariño y Cauca.
La producción de oro reportada en el 2019 es de 36,7 t
La producción de oro reportada en el 2018 y el 2019 está en niveles similares a las del 2000, con 35,6 t y 36,7 t respectivamente. Al revisar el comportamiento de la producción entre el 2010 y el 2019 se reportan 60 t en promedio y se reduce a partir del 2017. Este comportamiento podría no estar relacionado directamente con los niveles de producción real, debido a la ilegalidad presente en la explotación de este mineral en el país; también a la implementación de controles de producción de minería de subsistencia, la cual se redujo en 20,4 t entre el 2016 y el 2017, y a la disminución en las solicitudes de legalización. La estructura productiva en el 2019 muestra concentración en dos tipos de explotadores: con títulos (46 %) y barequeros (41 %).
En el ámbito departamental, Antioquia reporta la mayor producción de oro con 20,8 t (57 %), le sigue en importancia Chocó con 4,8 t, Bolívar con 3,2 t, Córdoba con 2 t y Caldas con 1,6 t; 11 departamentos aportaron 4,3 t. A nivel municipal, 10 municipios concentran el 61 % de la producción nacional.
Minería de subsistencia
La minería de subsistencia incluye las labores de los “barequeros” y prohíbe las actividades subterráneas y la utilización de equipos mecanizados y explosivos para el arranque del mineral. En la minería de subsistencia se establece la obligación de cumplir con el tope de 35 g promedio mensual y 420 g como tope máximo de producción anual.
Si se analiza la producción nacional, se estima que cada barequero estaría reportando 157 g de oro, menos que la cantidad máxima de producción establecida para esta modalidad de explotación. Según los registros del SI.Minero a diciembre del 2019, Antioquia cuenta con el 47 % de los barequeros inscritos y reporta el 54 % de la producción nacional de este tipo de explotador, seguida por Chocó con el 19 % de los barequeros inscritos y el 21 % de la producción nacional reportada por este tipo de minería de subsistencia.
La problemática de cultivos de coca y la explotación ilícita de minerales convergen en algunos territorios del país
En el 43 % de los territorios con EVOA en tierra en el 2019 se identificó la presencia de cultivos de coca. En el ámbito municipal, en 72 municipios con EVOA también se encontró presencia de cultivos de coca con 92.300 ha (2018). De los 10 municipios con mayor detección de EVOA en el 2019, 8 de ellos reportaron la siembra de cultivos de coca. Los territorios que presentan los dos fenómenos de ilegalidad se caracterizan por ser zonas vulnerables con condiciones de pobreza, marginalidad, difícil acceso y presencia de grupos armados ilegales.
Solo en el 10 % del territorio con presencia de cultivos de coca y EVOA se han realizado acciones de control para ambos fenómenos. Es perentoria la articulación de esfuerzos combinados e integrales que repercutan en una transformación positiva del territorio.
Acciones del Gobierno colombiano contra la explotación ilícita de minerales
La explotación ilícita de minerales se convirtió en un problema de seguridad nacional y pública. Colombia y los miembros de la Comunidad Andina de Naciones, de acuerdo con la Decisión 774 de la Trigésima Quinta Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en forma ampliada con los Representantes Titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina en el 2012, consideran la explotación ilícita como un “problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobernabilidad, la economía y la estabilidad de los Países Miembros”.
La estrategia del Gobierno nacional está enfocada en reducir la explotación ilícita de minerales en las etapas de producción, beneficio y transporte y comercialización. Para estos efectos, los objetivos estratégicos que plantea son los siguientes: 1) afectar la cadena de valor de la explotación ilícita de minerales; 2) desarticular y afectar las estructuras criminales, lo cual requiere no solo la captura de miembros de las estructuras, sino que es fundamental su judicialización y sanción efectiva; 3) fortalecer la coordinación interinstitucional, y 4) fortalecer la cooperación internacional.
En el 2019 se realizaron 447 operaciones generales de intervención a minas de explotación de oro, en las que se acumularon 705 resultados operacionales a nivel a nacional, el 63 % se llevó a cabo en áreas denominadas de explotación ilícita. Se realizaron operaciones de control en la Zona de Reserva del Pacífico, en los municipios de Buenaventura, sobre el río Dagua, y en Quibdó, sobre el río Quito. Del total de resultados operacionales, el 46 % se relaciona con minas de oro intervenidas, un 35 % con incautaciones y el porcentaje restante con destrucción. En su mayoría, las operaciones se realizaron en Antioquia (69 %), seguido de Chocó (9,8 %) y Córdoba (4 %), que coinciden con los territorios con mayor presencia de EVOA.
La extracción ilícita de minerales ha desarrollado un complejo sistema de valor en el que actores legales e ilegales participan simultáneamente y donde confluyen otros delitos, incluidos aquellos que generan afectaciones a la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos.
El 66 % de la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra en Colombia se realiza por fuera de cualquier figura legal, en escenarios propicios para el involucramiento de estructuras armadas en esta actividad. De hecho, los dos departamentos con mayor detección de este fenómeno fueron Antioquia y Chocó, territorios en los que las autoridades han reportado presencia activa de grupos armados organizados (GAO). La presencia de estos grupos en dichos territorios ha traído como consecuencia su involucramiento en todas las fases del sistema de valor asociado a la extracción ilícita de oro (exploración, extracción, transporte y comercialización).
La persecución criminal de EVOA debe orientar su accionar al desmantelamiento de estructuras criminales que controlen o participen en cualquiera de las fases de exploración, explotación, distribución y comercialización ilícita de oro. Asimismo, la cooperación internacional puede ser útil para determinar los alcances del comercio mundial de este material y la relación con otros actores (incluso legales) que participan en todo el entramado descrito.