Resumen ejecutivo 2020

El sector minero energético es un pilar fundamental de la economía del país. La producción de oro, aunque no es el principal recurso mineral explotado, tiene un papel importante para la dinámica y el crecimiento del sector. La producción de oro pasó de 37,5 t en el 2019 a 47,8 t en el 2020, cuando el precio del oro se ha ubicado como el más alto históricamente, con cotizaciones cercanas a US $2.100 dólares la onza (agosto del 2020). Como lo reporta el Gobierno nacional, este sector puede ser clave para la reactivación económica sostenible del país, que conlleva una oportunidad para la reactivación del empleo y los ingresos como regalías.

Con la expansión de la actividad extractiva lícita y formalizada, las buenas condiciones del mercado del oro vienen impulsando la explotación no formalizada, constituyéndose en uno de los problemas más complejos, con repercusiones importantes sobre los sectores económico, social y ambiental. El auge de EVOA ha sido permeado por el crimen organizado en algunas regiones, que ha visto la posibilidad de consolidar sus estructuras y facilitar el desarrollo de otras actividades ilícitas como el tráfico de armas, la trata de personas y la extorsión. La Explotación ilícita de minerales utiliza el lavado de activos, dando apariencia de legalidad a un dinero que se obtiene trasgrediendo las normas mineras.

De acuerdo con los estudios realizados sobre las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), el territorio con presencia de evidencias entre el 2014 y el 2020 es de 149.157 ha. Para la Explotación ilícita se emplean sustancias tóxicas, así como maquinaria pesada en tierra y en agua como dragas, retroexcavadoras, motobombas y motores. Esto genera impactos en los ecosistemas que, en muchos casos, son irreversibles: alteración de cauces fluviales, contaminación de los cuerpos de agua, entre otros.

Concentración de EVOA en tierra en 3 departamentos y 10 municipios

Los resultados del estudio 2020 muestra que 12 de los 32 departamentos presentan EVOA en tierra con un total de 100.752 ha, el 3 % más de lo detectado en el 2019. Cerca de la mitad se encuentra en Zonas excluibles de la minería, territorios en los que por su función de protección y conservación del patrimonio ambiental no está permitida la actividad minera.

La EVOA en tierra está altamente concentrada en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Bolívar, con el 87 % del total nacional. También prevalece la concentración en el ámbito municipal: 98 municipios presentan EVOA en tierra (de 1.1221 que hay en el país) y 10 con centran el 53 % del total: Zaragoza, Nechí y Nóvita encabezan los municipios con 22.190 ha, que representan el 22 % del total nacional.

El 52 % de EVOA en tierra se encuentra en las Zonas excluibles de la minería o protegidas ambientalmente

Las Zonas excluibles de la minería corresponden a territorios de protección y desarrollo de recursos naturales renovables y ambientales y donde la Ley determina que no se podrán ejecutar obras de exploración y explotación minera; no obstante, para el 2020 se detectaron 52.263 ha de EVOA en tierra, que corresponde al 52 % del total identificado para el periodo. La categoría con mayor presencia de EVOA en tierra corresponde a las Zonas de Reserva Forestal (Ley 2.ª), con un total de 49.011 ha, y la Reserva Forestal del Pacífico, ubicada dentro del Chocó biogeográfico, presenta el 66 % del área reportada.

El 48 % de EVOA en tierra se encuentra en Zonas libres de restricciones ambientales

Las zonas libres corresponden a territorios donde no existen restricciones ambientales para la actividad minera y se pueden solicitar permisos de exploración y explotación. Los resultados de la detección de EVOA en tierra indican que, para el 2020, el 48 % del con solidado nacional (48.488 ha) se encuentra en Zonas libres de restricciones ambientales para la minería. El 57 % de la EVOA identificada en las Zonas libres de restricciones ambientales se considera Explotación ilícita, dado que coincide con territorios en los que se realiza esta actividad sin el correspondiente título minero.

En la relación entre EVOA y figuras de ley, el 69 % corresponde a Explotaciones ilícitas y más de la mitad se localizan en Zonas excluibles de la minería o zonas protegidas

Al analizar la relación entre EVOA y figuras de ley, 69.198 ha corresponden a Explotación ilícita (69 %); 24.677 ha cuentan con los permisos técnicos y/o ambientales para la explotación (24 %) y 6.876 ha se encuentran en tránsito a la legalidad (7 %). Los departamentos Valle del Cauca, Guainía, Caquetá, Putumayo, Córdoba, Cauca y Chocó tienen más del 80 % de su EVOA en tierra en la categoría de Explotación ilícita. El 60 % de EVOA (41.472 ha) bajo la categoría de Explotación ilícita se localiza en Zonas excluibles de la minería o zonas protegidas ambientalmente.

Se detectaron 48.092 ha (48 %) de EVOA en territorios de manejo especial que incluye grupos étnicos y áreas del Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP)

Del total de EVOA detectado en el 2020, 41.006 ha se localizan en Tierras de las Comunidades Negras, que representan el 41 % del total nacional, con un incremento del 5 % en relación con el año anterior. Chocó es el departamento que presenta la mayor concentración (83 %), seguido de Nariño y Cauca. La detección de EVOA en tierra en resguardos indígenas fue de 627 ha (menos del 1 % del total nacional) y se concentra en los resguardos de las etnias embera-katío y curripako.

La producción de oro reportada en el 2020 es de 47,8 t

La producción de oro reportada en el 2019 y el 2020 presenta un incremento, al pasar de 37,5 a 47,8 t respectivamente. Al revisar el comportamiento de la producción entre el 2010 y el 2020 se reporta un promedio de 52,4 t y se reduce a partir del 2017. Este comportamiento podría no estar relacionado directamente con los niveles de producción real, debido a la ilegalidad presente en la explotación de este mineral en el país y a la implementación de controles de producción de minería de subsistencia, la cual se redujo en 20,4 t entre el 2016 y el 2017, así como la disminución registrada en las solicitudes de legalización.

La estructura productiva en el 2020 muestra concentración entre dos tipos de explotadores: el 41 % proviene de títulos mineros (19,6 t), el 40 % de barequeros2  (18,9 t) y el 19 % restante (9,3 t) se distribuye en subcontratos, Áreas de Reserva Especial (ARE), chatarreros y solicitudes de legalización. Cobra especial relevancia el reporte de subcontratos, que para el 2019 evidenció un cambio significativo en relación con el año anterior con un incremento del 154 %.

Así mismo, para este año el 75 % de la producción de oro proviene de dos departamentos: Antioquia y Chocó, de los cuales el primero registra una importante participación equivalente al 62 %. Por su parte, el 25 % restante es aportado por Córdoba (7 %), Caldas (6 %), Bolívar (4 %) y otros departamentos (8 %).

Minería de subsistencia

La minería de subsistencia incluye las labores de los barequeros y prohíbe las actividades subterráneas, así como la utilización de equipos mecanizados y explosivos para el arranque del mineral. En este tipo de minería se establece la obligación de cumplir con el tope de 35 g promedio mensual o 420 g como tope máximo de producción anual para metales preciosos (oro, plata, platino). En el 20203, el 41 % de la producción corresponde a minería de subsistencia, el 40 % proviene de barequeros y el 1 % de chatarreros, igual proporción (41 %) registrada en títulos mineros.

Durante el 2020 Antioquia reporta el mayor número de barequeros inscritos (50.395) y el 66 % de la producción nacional por este tipo de explotador y, en segundo lugar, está Chocó con el mayor número de barequeros (18.940) y el 18 % de la producción nacional por este tipo de explotador. Así mismo, según el reporte del 2020, el 100 % de la producción departamental en Guainía, Sucre y Valle del Cauca proviene de barequeros; en Chocó predomina este tipo de extracción. Se tiene además que en el mismo periodo, el mayor número de barequeros inscritos en el país se focaliza en 10 municipios, ubicados principalmente en Antioquia y Chocó, que corresponde al 48 % del total del país.

Conforme a lo anterior, se sugiere un acompañamiento especial e integral por parte de la institucionalidad minera nacional en relación con el diseño de mecanismos para incentivar la legalidad en el sector, de forma articulada con autoridades regionales y locales, incrementando las capacidades de los gobiernos locales para afrontar los retos de la actividad minera en los territorios, así como diseñar estrategias para la integración de los mineros de subsistencia en proyectos empresariales con responsabilidad social.

Las problemáticas de cultivos de coca y explotación ilícita de minerales convergen en algunos territorios del país

En Colombia, en el 41 % de los territorios con presencia de EVOA en tierra en el 2020 se identificó siembra de cultivos de coca en el 20194. En estas zonas, el área sembrada con coca alcanzó 10.780 ha y las EVOA alcanzaron 28.610 ha en tierra. Los territorios que presentan los dos fenómenos de ilegalidad se caracterizan por ser zonas vulnerables con condiciones de pobreza, marginalidad y difícil acceso. En este sentido, se recomienda una intervención articulada entre las entidades de control y seguimiento a la actividad minera, instituciones que promuevan el desarrollo rural y las encargadas de mantener la seguridad y el orden en la región.

Acciones del Gobierno colombiano contra la Explotación ilícita

La Explotación ilícita de minerales se convirtió en un problema de seguridad nacional y pública. Colombia y los miembros de la Comunidad Andina de Naciones, en la Trigésima Quinta Reunión del Consejo llevada a cabo el 3 de mayo del 2012, consideraron la Explotación ilícita como un “problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobernabilidad, la economía y la estabilidad de los Países Miembros”.

La estrategia del Gobierno nacional está enfocada en reducir la Explotación ilícita de minerales en las etapas de producción, beneficio y transporte y comercialización. Para estos efectos, los objetivos estratégicos que plantea son los siguientes: 1) afectar la cadena de valor de la Explotación ilícita de minerales; 2) desarticular y afectar las estructuras criminales, lo cual requiere no solo la captura de miembros de las estructuras sino que es fundamental su judicialización y sanción efectiva; 3) fortalecer la coordinación interinstitucional, y 4) fortalecer la cooperación internacional.

En el 2020 se realizaron 586 operativos de intervención a minas de explotación de oro, en las que se acumularon 1.114 resultados operacionales a nivel a nacional; esto representó para las operaciones un incremento del 31 % frente a lo reportado en el 2019, y para resultados operacionales un incremento del 58 % con respecto al mismo año de referencia.

La Explotación ilícita de minerales ha desarrollado un complejo sistema de valor en el que diversos actores legales e ilegales participan simultáneamente y en la que confluyen otros delitos, incluidos aquellos que generan afectaciones a la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos.

En este estudio se identificó que el 69 % de la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra en Colombia se realiza por fuera de cualquier figura legal, en escenarios propicios para el involucramiento de estructuras armadas en esta actividad en algunas regiones del país. De hecho, los dos departamentos con mayor presencia por este fenómeno fueron Antioquia y Chocó, territorios en los que las autoridades han reportado presencia activa en algunas zonas de Grupos Armados Organizados (GAO). La presencia armada de los grupos señalados en dichos territorios ha traído como consecuencia su inclusión en todas las fases del sistema de valor asociado a la explotación ilícita de oro (exploración, explotación, transporte y comercialización).

La persecución de la Explotación ilícita de minerales debe orientar su accionar al desmantelamiento de estructuras criminales que controlen o participen en cualquiera de las fases de exploración, explotación, transporte y comercialización ilícita de oro. Así mismo, la cooperación internacional puede ser útil para determinar los alcances del comercio mundial con el fin de desarrollar la debida diligencia y trazabilidad del metal exportado a otros países.

 


[1] Colombia se encuentra divida en 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y la isla de San Andrés y Providencia. Para efecto del informe se cuentan 1.122 municipios.

[2] El barequeo se definió en el artículo 155 de la Ley 685 del 2001, como “aquella actividad que se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos, con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas”.

[3] La información de producción obtenida para el presente estudio corresponde al periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del 2020.

[4] Los análisis EVOA y cultivos de coca se realizan en grillas de 25 kilómetros cuadradoskm2 del marco de áreas; , puesto que se busca una coincidencia territorial y mas no geográfica.